Por Edna Herrera/Antonio Vargas
Ferrocarriles Suburbanos, la principal empresa privada de trenes de cercanía en México, decidió renunciar voluntariamente a la concesión para la construcción y operación de la ruta Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Este cambio de dirección responde a un ajuste en el esquema de inversión, que pasó de ser público-privado a un modelo totalmente estatizado, lo que llevó a la empresa a desvincularse del proyecto.
La renuncia se realizó en el contexto de la modificación de las reglas del juego, que ahora favorecen una mayor intervención del gobierno a través de militares.
Sedena toma el control
La nueva estructura otorga el control a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como la encargada de concluir las obras de la línea Lechería-AIFA.
Este giro en la estrategia está alineado con el plan del gobierno de Claudia Sheinbaum, de expandir la red ferroviaria de pasajeros, con un objetivo de 3,000 kilómetros de vías por todo el país en este sexenio.
Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, justificó esta decisión como una medida para acelerar el desarrollo de infraestructura ferroviaria estratégica para el gobierno, buscando así optimizar tiempos y recursos.
Ferrocarriles Suburbanos seguirá
A pesar de esta renuncia a la concesión del Tren Lechería-AIFA, Ferrocarriles Suburbanos (filial de la compañía española Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles) continuará operando las líneas Cuautitlán-Buenavista, Cuautitlán-Huehuetoca y San Rafael-Tlalnepantla-Tacuba, garantizando un servicio seguro y eficiente para sus usuarios.
En un escenario de creciente presencia militar en proyectos de infraestructura, la empresa privada mantiene su compromiso con el transporte ferroviario, sin asumir responsabilidades en las nuevas fases del proyecto AIFA.
Desincorporación y futuro incierto
La desincorporación de Ferrocarriles Suburbanos del proyecto Buenavista-AIFA marca un punto de inflexión en el sector ferroviario, abriendo paso a un modelo más centralizado y bajo control estatal, que ha venido avanzando año tras año, dijeron analistas.
Los activos asociados a la ruta, como trenes e instalaciones, serán revertidos al gobierno bajo el nuevo marco legal, dejando en el aire el futuro de la participación privada en proyectos ferroviarios de gran escala.
