Aun cuando no ha iniciado la revisión del TMEC, que todo indica ahora será bilateral, Estados Unidos ha puesto una serie de condicionantes a México para ajustar su relación comercial.
Hablamos básicamente de varias medidas que, a decir del Departamento de Comercio de Estados Unidos que lleva Howard Lutnick, han significado mayores costos para las empresas estadounidenses asentadas en territorio nacional, limitando su competitividad y, por supuesto, su interés en invertir.
Hablamos desde el trato preferencial que reciben ahora empresas como Pemex y CFE en el sector energético, hasta la regulación en el sector telecomunicaciones apoyando al preponderante, pasando por el control estatal en la extracción de litio.
También la parte americana aduce la falta de tiempos para ajustarse a los cambios legislativos, retrasos en la autorización de permisos por parte de Cofepris y piratería que vulnera marcas y desalienta inversiones.
Como verá, son temas que no se resuelven de la noche a la mañana y que obligarán al gobierno a trabajar a marchas forzadas, con la agravante de que restarán margen para negociar con el gobierno de Donald Trump un nuevo acuerdo comercial donde ya no piensa en un libre comercio, sino en la aplicación selectiva de aranceles que México también tendría que poner a los productos estadounidenses que busquen entrar al país, en el entendido de que nuestro país es el mayor mercado para sus exportaciones.
Empero, del lado mexicano la fragilidad de la economía en muchos sectores frena cualquier arancel que se intente poner a las exportaciones estadounidenses, lo que pegaría en la inflación y, por ende, en los costos para empresas y consumidores.
En el pasado, a México nunca le ha ido bien cuando se han puesto barreras no arancelarias, y como muestra habrá que recordar el embargo al atún que inició en 1990 y se pudo eliminar hasta 2004, con todo y que ya estaba vigente el primer acuerdo comercial conocido como TLCAN.
La ruta del dinero
Nada que este fin de semana se supo que Alejandro Martínez Araiza, líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), presiona a los 17 mil agremiados para que firmen papeles en blanco que entregará a las autoridades laborales para demostrar que están de acuerdo en el manejo del patrimonio gremial que alcanza unos 500 millones de pesos. Por lo pronto, los trabajadores han solicitado la intervención de Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, para que inspeccione cualquier empresa con las que el SNAC tiene contratos colectivos a fin de verificar esa denuncia y las acciones de amedrentamiento de que son objeto. El SNAC tiene contratos colectivos en compañías tan importantes como Pepsico, Bimbo, Alpura, Sabritas, Ricolino, Comex y otras más de los sectores alimenticio y del comercio.
Se sabe que Martínez Araiza pretende mostrar falsamente a Adolfo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que los obreros de ese sindicato fueron informados de forma individual sobre el monto y uso del patrimonio sindical, situación que no es cierta. Por lo pronto, las autoridades del CFCRL le están urgiendo para que cumpla con el oficio que le enviaron el pasado 19 de mayo, en el cual le subrayan que no entregó a ese centro el acta de asamblea en la que se rinda cuenta de la administración del patrimonio sindical, de acuerdo con el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, a más tardar 10 días después de efectuada la asamblea.
Como sabe, la legislación marca que, incluso, los agremiados deben ser informados por escrito, de manera individual, sobre el patrimonio sindical, compuesto por dinero y bienes, cada seis meses, situación que no ha ocurrido. Y bueno, ante esa opacidad, los denunciantes señalan que Gabriel Martínez Martínez, secretario general adjunto, medio hermano de Martínez Araiza, y Pablo Vargas Mogollán, secretario general sustituto del SNAC, en complicidad con el líder, presionan y amenazan a los obreros para que firmen papeles en blanco, los cuales se presentarán a las autoridades como un falso censo y acuse de recibo de que los trabajadores aceptan movimientos, operaciones y transferencias por el patrimonio sindical…
Al atestiguar la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de Coparmex en Quintana Roo, ahora al frente de María Jovita Portillo Navarro, la gobernadora de esa entidad, Mara Lezama Espinosa, se fortalecerá el apoyo a Mipymes turísticas que son motor económico de ese estado del sur.
Por Rogelio Varela / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
