En el corazón del Caribe, donde las rutas de cruceros se entrelazan como arterias de una economía flotante, Cuba ha sido durante décadas un gigante dormido.
Su ubicación estratégica, su riqueza cultural y su magnetismo histórico la convierten en un destino natural para el turismo marítimo o de cruceros. Sin embargo, un factor ha mantenido a la isla en los márgenes del circuito regional: la falta de certeza jurídica.
Al igual que Cozumel, Cuba es paso obligado para la mayoría de las rutas del oeste y, a diferencia de Cozumel, también tiene una atractiva cercanía con las rutas de cruceros del este.
Sin contar que tiene los espacios para construir otros muelles en otros lugares de interés, adicionales a La Habana, como lo son Trinidad, Cienfuegos, Santiago de Cuba o el noreste de Cuba.
El caso Havana Docks, actualmente en manos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es el emblema de esa incertidumbre, y la decisión será un parteaguas para el mercado de cruceros en el contexto de una posible reconciliación entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.
La empresa estadounidense Havana Docks Corporation, titular original de la concesión de los muelles del Puerto de La Habana antes de su expropiación en 1960, demandó a varias líneas de cruceros —entre ellas Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC— por haber utilizado esas instalaciones sin compensación.
La demanda se ampara en el Título III de la Ley Helms-Burton, activado en 2019, que permite a ciudadanos estadounidenses reclamar por propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
La Corte Suprema escuchó los argumentos en febrero de 2026 y se espera un fallo para mediados de año.
En 1905, el gobierno cubano otorgó a un antecesor de Havana Docks Corporation una concesión de usufructo para construir y operar muelles y terminales en el Puerto de La Habana. Este contrato inicial tenía una duración de 50 años.
Posteriormente, en 1920, la concesión fue ampliada a 99 años, con fecha de expiración prevista para 2004.
En 1928, Havana Docks Corporation, constituida en Delaware y considerada un nacional estadounidense, adquirió formalmente la concesión.
Desde entonces, la empresa mantuvo los derechos de explotación sobre los muelles, incluyendo la capacidad de cobrar tarifas, administrar operaciones portuarias y ofrecer servicios a navieras y cargueros.
Sin embargo, independientemente de la confiscación, para cuando las navieras de cruceros comenzaron a llegar, la concesión de 99 años habría finalizado y, con ella, los derechos de los concesionarios (a diferencia de otros litigios de propiedades, este litigio se establece sobre derechos y concesiones).
El núcleo del debate jurídico gira en torno a si las empresas pueden ser consideradas responsables por “traficar” con propiedades expropiadas, incluso si no existía una relación directa con los propietarios originales y con una concesión que habría concluido.
Este posible desenlace se produce en un momento de hostilidades y de renovadas conversaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, en las que se baraja la posibilidad de un levantamiento progresivo o total del embargo bajo ciertas premisas políticas y económicas.
Si el fallo de la Corte Suprema despeja el camino legal y las negociaciones bilaterales avanzan, Cuba podría finalmente integrarse plenamente a las rutas de cruceros del Caribe.
Esa perspectiva entusiasma a muchos actores del sector, que ven en La Habana un puerto con un potencial turístico y logístico comparable al de Cozumel o San Juan.
Pero, más allá del caso puntual, lo que está en juego es un principio fundamental: la certeza jurídica como condición para la inversión.
Las navieras, como cualquier actor económico global, necesitan operar en entornos donde las reglas sean claras, estables y predecibles, mientras que la amenaza de litigios retroactivos o de cambios abruptos en el marco legal desalienta la planificación a largo plazo y encarece el riesgo país.
En este sentido, el Caribe se encuentra ante una encrucijada:
Mientras algunos destinos han consolidado marcos normativos robustos que protegen tanto a los inversionistas como a las comunidades locales, otros aún arrastran las secuelas de conflictos históricos no resueltos.
La experiencia cubana demuestra que la infraestructura portuaria no solo debe ser funcional y atractiva, sino también jurídicamente segura.
Si el caso Havana Docks se resuelve con una interpretación que privilegie la estabilidad legal y si las negociaciones diplomáticas avanzan hacia una normalización, Cuba podría emerger como un competidor formidable en el mapa de los cruceros.
Su capital, con sus muelles históricos, su arquitectura colonial y su vibrante vida cultural, tiene todo para convertirse en una escala obligada en el Caribe. Pero, para que eso ocurra, el país deberá ofrecer a los inversionistas lo que más valoran: un puerto seguro, no solo frente a las tormentas tropicales, sino también frente a los vaivenes legales y políticos.
¿Será Cuba un competidor para Cozumel?
No creo; más bien será, por un lado, un destino por sí mismo y, por otro, un complemento para los destinos más cercanos, como lo pudieran ser Cozumel, Puerto Rico o República Dominicana.
Aumentará el mercado de cruceros al tener a Cuba como atractivo y beneficiará a los puertos que tengan capacidad de ser una alternativa en disponibilidad e infraestructura.
Dato curioso:
Cuba, a partir de 2022, comenzó a ampliar sus muelles para recibir cruceros post-Icon, o megacruceros, así que estaría lista para empezar mañana si no fuese por la falta de certeza.
Por Roberto Chami / Opinión
