La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato que durante casi tres décadas permitió al conglomerado hongkonés Hutchison Ports Holdings (HPH) operar dos de los puertos más estratégicos del hemisferio occidental, en ambos extremos del Canal de Panamá.
La decisión no solo redefinirá el mapa portuario del Canal de Panamá, porque vuelve a colocar a América Latina en el centro de la disputa geopolítica entre los EE.UU. y China.
El pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, tras una “amplia deliberación y discusión”, invalidar la Ley 5 del 16 de enero de 1997, sus adendas y la prórroga que sustentaban la concesión otorgada a Panamá Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison y de su brazo portuario HPH.
El fallo responde a dos demandas de inconstitucionalidad y deja sin sustento legal uno de los contratos más sensibles del país.
Desde 1997, PPC ha operado los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, dos enclaves estratégicos para la conectividad logística del comercio marítimo mundial que transita mediante miles de buques por el Canal de Panamá.
En un comunicado, la empresa rechazó el dictamen y consideró que “carece de fundamento jurídico”, advirtiendo que pone en riesgo “no solo a la compañía y su contrato, e indirectamente, a la actividad portuaria”.
“La concesión de PPC fue producto de una licitación internacional transparente”, argumentaron los abogados del consorcio multinacional.
“Todo este tiempo se ha cumplido con las obligaciones contractuales y legales, incluyendo auditorías realizadas por el Estado”, sostuvo la empresa, que defendió haber actuado “con total transparencia y plena disposición de colaboración”.
Decisión estratégica
El impacto del fallo va mucho más allá de los tribunales, porque la anulación de la concesión se produce en un momento de alta fricción diplomática con los Estados Unidos, intensificando su presión sobre Panamá para reducir la influencia china en torno a la vía interoceánica.
En ese contexto, el dictamen es leído en Washington como una victoria política para el presidente Donald Trump.
Trump ha sido explícito al solicitar al presidente panameño, José Raúl Mulino, que limite la presencia china en el canal e incluso ha amenazado con “recuperar” la vía acuática, construida y operada por los Estados Unidos durante el siglo pasado y transferida a Panamá hace 25 años por el demócrata James Carter, en medio del descontento de amplios sectores estadounidenses.
La resolución judicial refuerza, al menos simbólicamente, la narrativa de control de los EE.UU. sobre el continente.
Mulino, sin embargo, ha intentado bajar la temperatura política.
El mandatario quiso matizar que, hasta que el fallo sea ejecutoriado, se mantendrá un “periodo de continuidad del actual operador, sin ningún cambio operativo”.
Posteriormente, dijo, se abrirá una transición hacia una nueva concesión “bajo términos y condiciones favorables para nuestro país”.
El mensaje es doble, porque por una parte permite la estabilidad inmediata para el comercio global y un margen político para rediseñar el esquema portuario, pero el tiempo corre y los actores internacionales observan con lupa cada movimiento.
China toma nota
Desde Pekín, la reacción oficial del gobierno comunista no tardó.
Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, declaró que el país “tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”, según informó Reuters.
El gobierno de Hong Kong fue aún más directo al afirmar que “se opone firmemente a cualquier gobierno extranjero que utilice medios coercitivos, represivos o de otro tipo irrazonables” para dañar a sus empresas.
La tensión se agrava por un acuerdo paralelo, ya que CK Hutchison había pactado el traspaso de la concesión como parte de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23 mil millones de dólares a un consorcio liderado por el poderoso grupo de fondos de inversión estadounidense BlackRock.
Esa transacción, que cambiaría el equilibrio del mapa geoportuario, fue frenada en 2025 por el gobierno de China en el marco de su confrontación de baja intensidad con Washington.
Los mercados reaccionaron el viernes de inmediato al anuncio, provocando una caída de las acciones de CK Hutchison en más de 4% en la bolsa de valores de Hong Kong, tras conocerse el fallo de la corte panameña, que metió incertidumbre sobre el futuro de sus activos en la región.
El canal y el control regional
El trasfondo de la disputa es el Canal de Panamá, un activo irremplazable, dado el tránsito calculado entre 5% y 6% del comercio mundial, conectando más de 1,900 puertos en 170 países y reduciendo de forma drástica tiempos y costos de transporte entre el Atlántico y el Pacífico.
Es, además, un motor central de la economía panameña y de la logística global.
La anulación de la concesión, dijeron analistas del sector marítimo, abre la puerta a nuevos operadores, previsiblemente estadounidenses o europeos, y reconfigurará el equilibrio de poder en uno de los nodos más sensibles del comercio marítimo.
La decisión, sin ninguna duda, es un resultado tangible de las políticas del presidente Donald Trump, que recuperan el control regional, donde la política geoportuaria ya no solo es infraestructura, sino una pieza estratégica del nuevo orden mundial.
Por Edna Herrera / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
