La Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su análisis y dictamen, y a la Comisión de Infraestructura para opinión, la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentada esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El propósito es adecuar el marco legal a los proyectos estatizadores prioritarios del gobierno en transporte ferroviario y movilidad pública integrada.
La iniciativa propone la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un organismo descentralizado sectorizado dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.
Su función será desarrollar el transporte ferroviario de pasajeros como servicio público prioritario, modernizar la regulación y estructurar una nueva plataforma operativa y de supervisión sectorial.
Supervisión y orden normativo
La ATTRAPI (que sustituiría a la ARTF) tendrá amplias facultades: supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura ferroviaria, coordinar proyectos con gobiernos estatales y municipales, y vigilar tanto el transporte de pasajeros como de carga.
Asimismo, establecería sanciones por incumplimientos en seguros y garantías en concesiones y permisos, para asegurar indemnizaciones por daños a terceros y proteger las vías generales de comunicación.
Uno de los aspectos estratégicos es el acompañamiento técnico a las entidades locales y la gestión integrada de estaciones ferroviarias como nodos urbanos conectados con sistemas de transporte público local, priorizando la movilidad intermodal eficiente.
Movilidad en zonas productivas
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, explica que los proyectos ferroviarios en marcha podrían conectar a más de 49 millones de personas, distribuidas en seis zonas conurbadas, once metrópolis municipales y diecinueve zonas metropolitanas del país.
Dicha cobertura busca potenciar zonas de alto valor económico y social, mejorar la conectividad logística y elevar la competitividad regional.
Además, el marco legal reformado obligará a los concesionarios a contar con pólizas de seguro vigentes para proteger tanto a usuarios como a la infraestructura, mitigando riesgos financieros y fortaleciendo la certidumbre de inversiones en el sector.
Reconfiguración institucional
La reforma propone modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la Ley General de Bienes Nacionales, para permitir asignaciones directas e indefinidas a entidades paraestatales.
Estas no podrán transferirse a particulares, garantizando que los bienes y servicios públicos permanezcan bajo control estatizado.
Se incluye también la actualización de competencias tras el cambio de denominación de SCT a SICT en 2021, la transferencia de puertos y marina mercante a la Secretaría de Marina en 2020 y, más recientemente, de telecomunicaciones y radiodifusión a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en 2024.
Con este rediseño institucional, el gobierno prevé afianzar el control del Estado en funciones y competencias, modernizar las áreas públicas estratégicas y asegurar que los instrumentos regulatorios se alineen al crecimiento en los sectores ferroviario, aéreo, marítimo y digital.
Por Daniel Zurita / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
