Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CI Banco, Intercam y Casa de Bolsa Vector de colaborar con cárteles mexicanos en producción de fentanilo
Desde enero pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos declaró a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, se sabía que la lucha contra el narcotráfico iba a tomar un rumbo distinto.
En ese momento no solo los narcotraficantes estaban en la mira de las autoridades estadounidenses, también el sistema financiero mexicano, por años bajo la sospecha de ser utilizado por crimen organizado.
A cinco meses de esa sentencia por parte del gobierno de Donald Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas de estar involucradas en esquemas de lavado de dinero.
Hablamos de CI Banco, de Mario Maciel; Intercam, al mando de Mario Eduardo García Lecuona Mayeur; y Casa de Bolsa Vector, de Alfonso Romo Garza, que a decir de esa autoridad han trabajado a favor de grupos del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Nunca en la relación de México con Estados Unidos se había dado un pronunciamiento en ese sentido, lo que pone en descrédito a esas instituciones, pero también a las autoridades mexicanas dedicadas a evitar el lavado de dinero, entiéndase la Secretaría de Hacienda, de Edgar Amador Zamora; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al frente de Jesús de la Fuente; y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Pablo Gómez Álvarez, que por lo que se sabe, no sospechaban de la colaboración de esas entidades con los narcotraficantes.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump se definió a México como un narco-gobierno, y apenas en marzo pasado dijo que busca evitar que el país se convierta en un narcoestado y ha amenazado con desplegar al ejército de Estados Unidos en la frontera para aplicar la ley.
Por lo pronto, la sanción es que CI Banco, Intercam y Vector no podrán realizar operaciones en Estados Unidos, afectando a sus clientes, especialmente a los que tienen operaciones de comercio exterior, ya que se les atribuye la apertura de cuentas y procesamiento de fondos utilizados por grupos criminales.
Estas acciones forman parte de la aplicación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, mediante la cual la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos prohibió a sus instituciones financieras realizar transferencias de fondos hacia o desde las tres entidades mexicanas implicadas, en una medida que entrará en vigor en 21 días.
Los bancos involucrados:
1. CI Banco
El Tesoro detectó un patrón prolongado de operaciones vinculadas al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, procesó pagos superiores a 2.1 millones de dólares desde empresas en México hacia China para la compra de precursores químicos. Además, en 2023, un empleado del banco habría creado una cuenta con la finalidad de blanquear 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo.
2. Intercam Banco
Este banco presuntamente colaboró con el CJNG. Según el informe estadounidense, en 2022 ejecutivos de Intercam se reunieron con miembros del cártel para planear esquemas de lavado de dinero mediante transacciones desde China. Entre 2021 y 2024, empresas chinas asociadas al tráfico de precursores químicos recibieron más de 1.5 millones de dólares provenientes de clientes vinculados con Intercam.
3. Vector Casa de Bolsa
Facilitó operaciones para una “mula financiera” del Cártel de Sinaloa, quien lavó aproximadamente 2 millones de dólares entre 2013 y 2021. Además, entre 2018 y 2023, Vector habría realizado transferencias por más de un millón de dólares desde empresas en México hacia entidades chinas.
La Secretaría de Hacienda informó que investigará las operaciones sospechosas de los tres intermediarios investigados en Estados Unidos y añadió que, de encontrarse ilícitos, se actuará conforme a la ley, es decir, corren el peligro de perder sus licencias como intermediarios financieros.
Vector, además, tiene como mandamás a Alfonso Romo Garza, quien fuera jefe de la Oficina de la Presidencia en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en su momento, enlace con el sector privado.
Los tres intermediarios bajo sospecha negaron cualquier acusación y manifestaron que colaborarán con las autoridades de México y Estados Unidos, aunque, a decir de los expertos, habría al otro lado del río Bravo evidencia suficiente para la acusación, e incluso ya se menciona que su alta gerencia podría perder la visa una vez que entre en vigor la sanción.
En la 88 Convención Bancaria, Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad encargada de vigilar y prevenir el lavado de dinero en el mundo, dijo que las cosas serán muy diferentes una vez que los cárteles del narcotráfico han sido clasificados como organizaciones terroristas, y que “habrá más presión sobre el sistema financiero mexicano”, por lo que aseguró que los intermediarios deberán invertir en investigación y tecnología para evitar el riesgo de que ese ilícito alcance la interconectividad de todo el sistema financiero.
Por Rogelio Varela / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
