La ampliación del Puerto de Manzanillo enfrenta este miércoles su primera prueba social y ambiental, con la movilización de organizaciones civiles, cooperativas pesqueras y salineras que buscan frenar un proyecto bajo análisis de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), al considerar que comprometería uno de los sistemas de manglar y humedales más extensos del Pacífico mexicano.
La protesta, prevista en las calles de Colima, capital del estado sede de Manzanillo, fue convocada por la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima, las Sociedades Cooperativas de Pesca de la Laguna de Cuyutlán y el movimiento Salvemos Cuyutlán.
Las organizaciones buscan presionar a las autoridades federales para que no autoricen la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que permitiría el desarrollo del denominado Puerto Nuevo Manzanillo, hasta que, aseguran, existan estudios suficientes sobre los efectos de la obra en el ecosistema.
El conflicto coloca nuevamente al centro del debate el desafío de ampliar la capacidad del principal recinto portuario mexicano, situado en el Pacífico, sin afectar un sistema natural que cumple funciones de regulación hidrológica, alberga biodiversidad y sostiene actividades económicas ligadas a la laguna.
La movilización también ocurre en un momento de transición para el proyecto, ya que la resolución de la SEMARNAT definirá si la expansión puede avanzar en los términos planteados o si requerirá modificaciones adicionales derivadas de la evaluación ambiental.
Manglares bajo amenaza
Los colectivos sostienen que el dragado y las obras previstas podrían alterar el intercambio natural de agua entre la Laguna de Cuyutlán y el mar, modificar la dinámica del sistema lagunar, afectar humedales y provocar daños sobre extensas áreas de manglar, además de impactar especies de aves migratorias que utilizan este ecosistema durante sus ciclos biológicos.
Los inconformes también acusan falta de diálogo y empatía por parte de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Manzanillo y señalan que la empresa estatal dependiente de SEMAR y el Gobierno de Colima han sido omisos en instalar mesas de trabajo para atender las inquietudes de las comunidades involucradas.
El diferendo ha llevado la discusión del ámbito estrictamente técnico hacia el regulatorio.
Más allá de la capacidad portuaria que busca incorporar el proyecto, la atención se concentra en la insuficiencia de medidas ambientales y en la inviabilidad de desarrollar infraestructura a escala industrial en un entorno ecológicamente sensible.
La resolución que emita la autoridad ambiental será observada no sólo por los actores económicos de Manzanillo, también por especialistas en infraestructura y conservación, al tratarse de uno de los proyectos portuarios más ambiciosos actualmente en evaluación en México.
Panamá marca contraste
Como ha ocurrido en los últimos años, el Canal de Panamá contrasta frente a los proyectos mexicanos, al ofrecer uno de los antecedentes internacionales más citados cuando convergen proyectos de infraestructura marítimo-portuaria y ecosistemas de manglar.
Durante la construcción del tercer juego de esclusas se registraron afectaciones sobre vegetación costera y humedales, particularmente en la costa del Pacífico, donde fue necesario construir nuevos canales de acceso.
La diferencia fue el esquema ambiental aplicado, ya que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desarrolló la obra bajo un Estudio de Impacto Ambiental de categoría III, el nivel más alto de evaluación en ese país, acompañado por un Plan de Manejo Ambiental.
El plan se comprometió al rescate y reubicación de fauna, monitoreo permanente de la calidad del agua, control de sedimentos, restauración ecológica, reforestación con especies nativas, compensación ambiental y auditorías independientes.
Ninguna medida es suficiente
Aunque diversos investigadores coinciden en que ninguna medida compensatoria sustituye completamente un manglar maduro, por las décadas que requiere para recuperar sus funciones ecológicas, el caso panameño se mantiene como un referente.
Y es que representa la forma en que grandes proyectos de infraestructura pueden incorporar mecanismos de mitigación, compensación y seguimiento ambiental.
Mientras la movilización de este miércoles busca influir en la decisión de la SEMARNAT, el proyecto del Puerto Nuevo Manzanillo entra en una etapa en la que su viabilidad dependerá tanto de los argumentos de ingeniería, así como de la capacidad de demostrar que la expansión portuaria puede coexistir con la conservación de uno de los ecosistemas costeros más importantes del Pacífico mexicano.
Por Edna Herrera / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
