El mar territorial mexicano se ha convertido en el escenario de una batalla legal que pone a prueba no solo la fortaleza de la legislación nacional, sino la capacidad institucional para defender los intereses de su propia flota marítima.
Durante años, firmas extranjeras encontraron resquicios legales para simular operaciones mexicanas, usando matrículas o bandera nacional, mientras su control efectivo permanecía allende las fronteras.
Hoy, ese modelo de simulación corporativa enfrenta su mayor desafío:
El Registro Público Marítimo Nacional, bajo la tutela de la Secretaría de Marina del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, logró revocar registros de varias embarcaciones que, amparadas bajo sociedades mexicanas de papel, participaban en cabotaje —una actividad reservada constitucionalmente para empresas mexicanas.
Primer golpe legal
El caso emblemático es el de Hornbeck Offshore Services México (HOS), cuya ofensiva legal ha escalado desde tribunales administrativos hasta la Suprema Corte.
Aunque logró mantener la operación de la embarcación “HOS Iron Horse”, vía un amparo judicial, su modelo de negocio está en entredicho.
La negativa de renovación de matrícula para seis de sus embarcaciones en 2023 marcó el inicio de una cruzada para depurar prácticas que, además de incumplir la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, vulneran las normas de inversión extranjera.
La batalla no es menor: detrás de estos litigios se asoman despachos de alto perfil como Clyde & Co y presiones sobre el propio Poder Judicial.
Más grave aún, estas maniobras podrían contravenir normas anticorrupción establecidas por los Estados Unidos, lo que añade tensión a un conflicto con alcance binacional.
Competencia desigual en altamar
Firmas como Harvey Gulf International Marine de México, Tidewater y Edison Chouest Offshore, también operan bajo este esquema, manteniendo presencia en Campeche y Ciudad del Carmen, en franca competencia desleal para la flota mexicana.
Por ahora, la Secretaría de Marina y su Unidad de Capitanías de y Asuntos Marítimos (UNICAPAM), al mando del almirante Javier Torres Claudio, han respaldado la defensa jurídica, pero será el Poder Judicial, quien tenga la última palabra.
Intereses corporativos en juego
Empresas como Woodside Energy y Eni México observan atentas las fichas del ajedrez.
Y es que, de hecho, las resoluciones marcarán no solo el futuro inmediato del cabotaje para servicios offshore, sino también las reglas del juego para inversiones en el Golfo de México.
El litigio trasciende permisos: es una pugna por la soberanía operativa en aguas nacionales.
Por Gabriel Rodríguez / Opinión
