El levantamiento del paro del autotransporte dejó pendiente la definición en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para presentar facilidades administrativas y fiscales y atender el impacto de la reducción del límite de ingresos que permite acceder al estímulo por el pago de peajes.
Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), informó que el gobierno se comprometió a presentar una propuesta.
De hecho, con el resultado anunciado tras el paro del autotransporte, se abrió una negociación sobre las medidas compensatorias, aunque todavía no se establecen beneficios específicos ni se confirma el alcance de una modificación del esquema fiscal.
La discusión se concentra en la reducción de 300 a 250 millones de pesos del umbral de ingresos anuales para acceder al acreditamiento de hasta el 50% del gasto en peajes contra el Impuesto sobre la Renta (ISR), de acuerdo con la postura del gobierno.
Del compromiso a las medidas
Hacienda, encabezada por Édgar Amador Zamora, ahora tiene a su cargo precisar el alcance de las facilidades planteadas, las empresas que podrían utilizarlas y sus condiciones de aplicación.
Dichas definiciones, de hecho, permitirán evaluar qué obtuvo el sector en materia fiscal después de regresar a sus actividades productivas.
El párrafo quedaría así:
En las conversaciones también participan Carlos García Álvarez, presidente nacional de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac); Lauro Rincón Hernández, presidente de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), e Ignacio Granados Villanueva, vicepresidente de la región centro de la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco).
No obstante, la posición gubernamental plantearía partir de una lectura distinta del alcance del ajuste: Hacienda sostiene que el 94% de los contribuyentes conservará el estímulo y que 170 de las 2,580 empresas beneficiarias dejarían de recibirlo.
Una agenda todavía abierta
Las conversaciones incluyen además el planteamiento de incorporar a unas 130 mil empresas informales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y discutir condiciones laborales con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El regreso a operaciones trasladó el centro de la negociación de las carreteras a las mesas técnicas, donde aún hay margen de negociación antes de la aprobación total del paquete económico 2027, es decir, el Presupuesto de la Federación.
El siguiente resultado deberá expresarse en reglas, plazos y condiciones fiscales que permitan distinguir entre los compromisos anunciados y los apoyos efectivamente disponibles para los transportistas.
