El paro del autotransporte de carga iniciado el lunes 26 de octubre aceleró la negociación con el gobierno federal, que acordó instalar cuatro mesas de trabajo para atender las demandas del sector a cambio del retiro de los bloqueos carreteros.
Las organizaciones suspendieron las movilizaciones el martes 27 de octubre, aunque las soluciones sobre seguridad, impuestos e infraestructura quedaron pendientes, sin un plazo general de cumplimiento.
El acuerdo se alcanzó tras una reunión de tres horas en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), en Ciudad de México, un día después del inicio de las protestas por robos, extorsiones, deterioro carretero y restricciones al estímulo fiscal sobre peajes.
Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), informó que regresarían a Gobernación aproximadamente una hora después de sus declaraciones (aproximadamente a las 12:00 a. m.) para iniciar la primera mesa, con Hacienda.
Abren atención inmediata
Ramos Melo señaló que los recibieron representantes de Gobernación, dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, mientras el seguimiento quedó a cargo de la Subsecretaría de Gobernación, dirigida por César Yáñez, y de la Unidad de Gobierno.
La negociación ocurrió después de que el lunes otras agrupaciones del sector se reunieron con autoridades federales sin la participación de Canacar.
Pero ese primer encuentro no desactivó el paro debido a que la agenda principal es la de la Cámara del sector y agrupa casi el 80% del autotransporte.
Lauro Rincón Hernández, presidente nacional de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), informó que se había instruido a los manifestantes a regresar a sus lugares de origen y despejar las carreteras.
En el pronunciamiento también participaron Carlos García Álvarez, presidente nacional de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), e Ignacio Granados, representante de la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO).
Seguridad todavía sin fecha
Las organizaciones anunciaron reuniones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional para abordar robos y extorsiones, aunque la mesa específica de seguridad aún no tiene fecha.
Pidieron fortalecer las denuncias anónimas y garantizar su seguimiento, al advertir que algunos operadores y empresas evitan denunciar por temor a represalias.
También solicitaron agilizar la devolución de vehículos recuperados que permanecen meses en depósitos.
Consultado sobre las garantías de cumplimiento, Ramos Melo planteó involucrar a estados y municipios, además de las autoridades federales, y aunque no detalló un mecanismo de verificación, pidió atender la sobrerregulación y las restricciones locales al transporte federal.
Disputa fiscal sigue abierta
Los transportistas solicitaron elevar de 250 a 420 millones de pesos el límite de ingresos para acceder al estímulo que permite acreditar contra el Impuesto sobre la Renta hasta el 50% del pago de peajes.
La petición responde al ajuste de 300 a 250 millones previsto para 2027.
También plantearon reconocer gastos operativos sin factura, mientras Hacienda se comprometió a revisar las propuestas, sin que se anunciara una resolución definitiva.
Con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales revisarán mantenimiento carretero, operación de autopistas y modernización del cobro en casetas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social participarán en las discusiones.
Por Daniel Zurita / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
