Vulcan Materials Co., advirtió posibles acciones legales en contra de Cemex y del gobierno mexicano, luego de que la armada asumiera el control de la Terminal Marítima de Punta Venado, cuya concesión portuaria está vigente a favor de la empresa de los EE.UU.
La terminal fue tomada el pasado martes 14 de marzo por fuerzas navales armadas, la policía y elementos de investigación, con personal de la cementera multinacional Cemex, a la que fue entregada la Terminal.
Sin embargo, fuentes de Calica aseguraron que la concesión portuaria permanece a su favor, por tanto, sigue conservando los derechos sobre muelles y terrenos de terminal.
La toma de las instalaciones tiene lugar en medio de un litigio de la compañía de los EE.UU., con el gobierno de México, por la sobreexplotación de minas de piedra caliza al aire libre situadas en litorales del caribe mexicano al sur de Quintana Roo.
Luego de la entrega por parte del gobierno a Cemex, la empresa con sede en Monterrey, respondió que accedió a este lugar bajo el cumplimiento de una orden judicial.
Cemex dijo que desde hace dos décadas mantiene una relación contractual vigente con Calica, subsidiaria de Vulcan Materials en México, para el uso de la terminal portuaria localizada en el municipio de Playa del Carmen.
Dicha terminal consistente en un muelle y terrenos de carga, que forman parte de una concesión otorgada por el gobierno a Calica (Calizas Industriales del Carmen), que el año pasado cambió a la denominación Sac-Tun, ambas filiales de la estadounidense Vulcan Materials Co.
Las subsidiarias mexicanas han arrendado desde hace 20 años terrenos a Cemex y proporcionados servicios de puerto y maniobras en terminal del puerto denominado Punta Venado.
Pero la firma estadounidense alega que el plazo de arrendamiento expiró el 31 de diciembre de 2022, hecho que le fue notificado a Cemex.
A pesar de ello, el 5 de marzo, un juzgado Civil de Quintana Roo, resolvió a favor de que un barco de Cemex cargado con cemento entrara a Punta Venado, aunque ya no existía el arrendamiento.
Cemex argumentó que, pese a meses de negociación, no ha podido llegar a un acuerdo con Calica, por lo que presentó una demanda ante un Juzgado Civil local, que otorgó medidas cautelares para que esta cementera pudiera seguir con sus operaciones.
No obstante, “Calica incumplió las medidas dictadas por el juez para permitir el acceso de Cemex a las instalaciones. Por tanto, Cemex presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado, lo que derivó en la toma de la terminal y muelles por parte del gobierno.
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