Hay cifras que retratan mejor una política pública y una manera de gobernar, más allá de cualquier discurso.
La minería mexicana es un ejemplo contundente: existen alrededor de 11 mil millones de dólares en proyectos estratégicos que siguen detenidos al no obtener las autorizaciones necesarias para despegar.
Otras estimaciones de la industria refieren inversiones en stand by por más de 14 mil millones de dólares. Se imagina su efecto en la economía y, por supuesto, en las regiones mineras.
El problema no es solo el dinero inmovilizado e improductivo. Es el tiempo que lleva en la congeladora. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, específicamente con la Ley de Minería de 2023, el otorgamiento de nuevas concesiones se detuvo bajo argumentos y consignas cargados de ideología, pero carentes de ciencia o racionalidad económica.
Y es que otorgar una concesión no equivale al inicio inmediato de la extracción de minerales; representa apenas el primer paso de un largo proceso. La exploración, los estudios técnicos, ambientales y sociales, así como el desarrollo de una mina, requieren de varios años antes de traducirse en producción y generación de divisas.
Por eso, haber frenado el otorgamiento de concesiones —y, en muchos casos, permisos para proyectos ya concesionados— ha implicado comprometer la producción de mañana.
La exploración es el mecanismo mediante el cual la industria sustituye reservas y enfrenta el agotamiento natural de los yacimientos que están en operación. Si no se explora, no hay nuevos proyectos y, por tanto, habrá menos minas capaces de reemplazar a las que concluyan su vida útil.
Los datos de 2025 reflejan esa realidad. La Cámara Minera de México (Camimex) precisa que, aunque el valor de la producción alcanzó 379 mil 290 millones de pesos, el nivel más alto de los últimos años, impulsado por el aumento en los precios internacionales de los metales, el volumen físico de producción prácticamente no creció.
Es decir, la industria produjo más dinero porque los minerales son más caros en el mundo, no porque extrajera significativamente más mineral.
Esa diferencia es muy relevante. Los precios altos son un factor externo sobre el que México no tiene control. La capacidad de desarrollar nuevos proyectos, en cambio, sí depende de las condiciones y las políticas internas que incentiven la inversión. Sin un flujo continuo de exploración y desarrollo, el crecimiento termina dependiendo de variables coyunturales y no de una mayor capacidad productiva. Pero no tenga duda de que, tarde o temprano, los precios van a bajar.
Y bueno, paradójicamente, a pesar de que la nueva inversión permanece detenida, la contribución fiscal del sector minero sigue en aumento. De acuerdo con la Camimex, la industria aportó 78 mil 136 millones de pesos en impuestos y derechos en 2025, un incremento de 72.3% respecto al año anterior. Y es que, además del referido aumento de los precios que impactó al alza las utilidades, se elevó también el costo de los derechos mineros que pagan las empresas al gobierno y, por consecuencia, llegó más dinero al erario público.
Sin embargo, el reto de fondo subsiste. Una industria que paga más impuestos, pero que enfrenta barreras para crecer y desarrollar nuevos proyectos, al final tiene un horizonte de crecimiento limitado.
Por Rogelio Varela / Síguenos en Facebook, X y LinkedIn
