La Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos González, se pronunció por desechar el juicio de nulidad en contra del Decreto de requisa del Puerto de Veracruz.
De acuerdo con el expediente en la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), la Consejería de la Presidencia, defendió la legalidad del Decreto Presidencial del 1º de junio de 1991, que requisó el puerto de Veracruz.
En el informe de justificaciones ante el Tribunal, el jurídico del Ejecutivo también se pronunció por desechar el Juicio de Nulidad en contra del Decreto expedido por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, al considerar que fue legal y, por tanto carece de bases jurídicas la demanda del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos de la Zona Marítima y del Comercio de la Ciudad y Puerto de Veracruz.
La Consejera Jurídica argumentó además que, al momento de ejecutarse la Requisa, el puerto de Veracruz se encontraba en números rojos, es decir, en quiebra operativa y financiera como efecto de la operación del Sindicato de Carretilleros sobre las actividades del puerto.
El alegato de la Presidencia de la República también añadió que la demanda del Sindicato no se realizó en el tiempo legal oportuno, de manera que solicitó al TFJFA desestimar la demanda del Juicio de Nulidad.
El 15 de marzo del 2022, la central sindical interpuso la demanda de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra del Decreto Presidencial del 1 de junio de 1991.
En esta alegó un presunto despojo del patrimonio sindical, cuentas bancarias, edificios y empleo, los cuales les ha sido imposible acreditar ante las autoridades, de acuerdo al expediente 6344/22-17-03-6.
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