En la última década, el Puerto de Progreso, en Yucatán, ha estado creciendo en volúmenes de carga y comercio marítimo, moviendo más materias primas, más contenedores y más gráneles, pero ello ha traído más presión sobre una ciudad turística de calles estrechas, impactando la vida tranquila.
Para sostener el impulso económico del recinto portuario, que ha crecido significativamente en terminales y operadores logísticos, se diseñó el Viaducto Elevado de Progreso, una vía de 2.2 kilómetros que conecta directamente la carretera Mérida–Progreso con el puerto remoto de Progreso.
El proyecto prometía ser la solución definitiva al caos logístico y “separar el flujo de transporte pesado del tránsito urbano”, mejorar la eficiencia, recortar tiempos de traslado y aumentar la seguridad.
Era el ideal de cualquier ciudad portuaria en transición hacia un crecimiento ordenado, pero el desnivel ha sido un dolor de cabeza para el municipio, para la autoridad portuaria de Progreso (Asipona), para habitantes y operadores portuarios.
Promesa y caos urbano
Concesionado a Operaciones Autovía Libramiento Progreso S.A. de C.V., vinculada a la rescatada constructora de infraestructura ICA, con una vigencia ampliada a 40 años, el viaducto elevado se diseñó bajo un modelo público-privado que trasladaba la inversión a la empresa concesionaria.
A cambio, se le otorgó la explotación del viaducto, pero lo que no vieron venir es que la obra privatizaba el acceso al puerto, elevando su costo logístico.
Sobre el papel todos ganaban, pero hoy el proyecto está bajo cuestionamiento. Lo que prometía menos camiones en zonas residenciales y mayor agilidad para los tráileres que sostienen la economía exportadora de Yucatán se ha traducido en lo contrario: más tráfico pesado en las calles y una tranquilidad cada vez más erosionada en el municipio caribeño.
De un bien público al cobro privado
De hecho, la ruta hacia una mejor conectividad portuaria no contempló la piedra en el camino que significaría un elevado cobro de peaje.
La operadora Easytrip fue contratada para recaudar los costos de peaje y con ello estalló el conflicto. El acceso al puerto —considerado infraestructura estratégica y de interés colectivo— quedaba sujeto a una tarifa.
Ahora, transportistas, agentes aduanales y comerciantes alegan que esto implica “una privatización del acceso al puerto”, a medida que se encarece el ingreso y salida de la carga, elevando el costo operativo para importadores y exportadores, afectando competitividad y, eventualmente, los precios al consumidor.
También se está invocando un argumento legal, porque la Ley de Vías Terrestres de Yucatán exige una alternativa gratuita cuando una vía concesionada cobra peaje.
Sin embargo, actualmente esa “alternativa” son las calles residenciales, donde los vecinos ya no soportan la actividad intensiva de cientos de camiones de carga, con todo y deterioro acelerado de la infraestructura que nunca pidieron.
Sustentabilidad urbana en riesgo
Las colonias atravesadas por el tráfico pesado han levantado la voz, dado el impacto a calles como la 46, 25 y 86, que se han convertido en corredores industriales improvisados, con ruido, contaminación, baches y riesgo peatonal; el costo social no aparece en ninguna hoja de cálculo.
Los residentes han bloqueado avenidas, exigiendo garantías formales, y han exigido “que las calles no vuelvan a usarse como rutas alternas”, salvo en emergencias.
Su mensaje es claro: desarrollo sí, pero no a costa de derechos básicos.
Aceleración logística
El viaducto inició pruebas el 6 de noviembre y entró en operación el 26 de noviembre de 2025, pero nadie quiere usarlo para ir al puerto.
Las cifras oficiales son contundentes: los tiempos de traslado de carga se reducen de 30 minutos a entre 5 y 6 minutos, una ventaja logística difícil de ignorar, pero un costo difícil de pagar.
Las autoridades locales celebran como un gran logro la infraestructura y una mayor seguridad vial, protección del tejido urbano y ordenamiento del tráfico comercial, pero las voces en el municipio y entre los operadores de carga no opinan lo mismo.
Competitividad vs. comunidad
Es así que la infraestructura moderna no basta si el modelo de operación divide a la comunidad.
Los transportistas mantienen su rechazo a las tarifas que “encarecen el comercio y vulneran el acceso libre” al recinto portuario.
Los habitantes insisten en recuperar su tranquilidad, mientras los expertos alertan que un puerto competitivo no puede pasarle la factura a sus vecinos.
El dilema trasciende al Puerto de Progreso, como una paradoja, por cierto, que se repite en ciudades portuarias del mundo: ¿cómo crecer sin volverse locos? ¿Cómo equilibrar eficiencia con la urbanización?
Lo que está en juego
El Viaducto Elevado de Progreso pretende ser símbolo de desarrollo, pero si el costo recae en quienes menos se benefician, el proyecto podría convertirse en la evidencia de una ciudad que paga por el éxito de su puerto… sin compartirlo.
Por Gabriel Rodríguez / Opinión
