A pesar de la posible ilegalidad y, por consiguiente, la perspectiva de un litigio inminente en tribunales por parte de organizaciones comerciales y cámaras empresariales del país, el Congreso de Baja California aprobó una Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada, que resultaría arbitraria al incluir un polémico cobro de impuestos a los contenedores que transiten por calles y avenidas de la demarcación.
Con una votación de 15 a favor, 9 en contra y 0 abstenciones, el Congreso aprobó la disposición tributaria en el artículo Vigésimo Tercero de la ley, destacando la viabilidad de adición a los artículos 28-29 de la Iniciativa en relación a los Servicios de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente.
Según la iniciativa aprobada, el artículo Vigésimo Tercero de la recién promulgada Ley introdujo la Licencia ambiental para la operación de contenedores, tractocamiones y cajas de cualquier tipo con un cargo anual de 200.00 UMA, equivalente a 20,748.00 pesos. Este impuesto fue incorporado en el Numeral 24 de los artículos 28-29, en la sección de Servicios de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente.
Hasta el momento, el municipio no ha proporcionado detalles sobre la manera y el momento en que las autoridades municipales de Ensenada iniciarán la implementación del gravamen, el cual tendrá un impacto significativo, principalmente en los flujos de contenedores del puerto de Ensenada.
Importadores y exportadores anticiparon que la implementación de este impuesto a los contenedores ocasionará una disminución en el volumen de carga hacia el puerto de Ensenada. En contraste, los puertos de EE.UU. podrían verse beneficiados, ya que descargar en los puertos de California a menores costos, bajo estas circunstancias, resultará más competitivo.
Controversia y posible litigio
Frente a la medida, las organizaciones empresariales de la Canacar y la Amanac rechazaron el impuesto, argumentando su inconstitucionalidad, ya que representa una doble tributación e invade la competencia del gobierno federal.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), encabezada por Miguel Ángel Martínez Millán, ha expresado la necesidad de llevar a cabo un análisis detallado del impacto y de la sobrerregulación asociada con la medida propuesta. En este sentido, abogan por identificar a los actores clave y considerar alternativas. Además, proponen la realización de una consulta pública para evaluar la legalidad de la medida propuesta.
Mientras tanto, fuentes de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC) indicaron que el cobro propuesto podría ser impugnado en tribunales debido a la duplicidad de impuestos, al imponer un gravamen a los contenedores, una facultad reservada a los reguladores del comercio exterior. Advirtieron también que esta medida podría contravenir legislaciones federales, citando el artículo 44 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
X: Edna Herrera y Antonio Vargas
