No es absurdo pensar que la estadounidense, Vulcan Materials Company (VMC), esté pensando alargar el conflicto con el gobierno mexicano, hasta que termine el sexenio de López Obrador, y así lograr quedarse con la concesión minera y portuaria, a como dé lugar.
La última semana se volvió a prender la mecha del conflicto, cuando la policía, apoyada por la Semar, de Rafael Ojeda Durán, tomó los muelles y la terminal de la compañía minera en litorales del Caribe, lo que desató la ira de congresistas Republicanos en EE.UU., acusando la falta de seguridad jurídica para invertir en México.
Un día después, el rijoso mandatario mexicano salió a decir que su gobierno tiene una demanda en contra de la empresa filial de la compañía minera, Calica (que actualmente tiene el nombre comercial SAC-TUM) filial de Vulcan.
El problema de la 4T es que todo lo hacen mal. Si en realidad quería paralizar las actividades de la compañía, desde el inicio del conflicto, debió dar por terminada la “cesión parcial de derechos” portuarios, como se denomina a la concesión para operar y explotar puertos e instalaciones con frente de mar.
Pero al parecer a nadie se le ocurrió, o con tanto cambio de titulares en la Dirección de Puertos de Semar, tal vez no se ha tendido la pericia de operar el finiquito de la concesión.
Lo malo es que, hasta Cemex, de Fernando Ángel González Olivieri, se ha prestado a ocupar unas instalaciones que en realidad siguen concesionadas a Calica y eso, quién sabe de a cómo le salga en EE.UU. a la cementera.
Lo que si es una realidad, es la posición de López Obrador, porque Vulcan ha realizado desde hace muchos años, un “ecocidio en Quintana Roo, (y por ello el gobierno), pidió a los integrantes del panel conocer el territorio y la destrucción que causó esta empresa estadounidense”.
“Cómo devastaron zonas naturales, manglares, y cómo inclusive afectaron zonas arqueológicas. Hay senadores Republicanos que defienden a esta empresa que se llevaba grava de Playa del Carmen”, dijo el de Macuspana.
La realidad es que desde hace décadas se sabe que Vulcan, Calica o SAC-TUM, o como se llame esta semana, funcionaba como un poder independiente en la región, desde que le otorgó la concesión el gobierno de Ernesto Zedillo.
Desde entonces, la compañía hizo lo que quiso, con todo el beneplácito de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante (no de la actual), sino de la que estuvo a cargo de Pedro Pablo Zepeda Bermudez (el funcionario priista que se volvió empresario de terminales graneleras en el puerto de Veracruz), por cierto, el que otorgó la concesión.
Y es un hecho, que también lo permitieron los sucesivos Coordinadores de Puertos desde Francisco Ávila Camberos, pasando por el nefasto Guillermo Ruíz de Teresa, Héctor López, y hasta Rosa Isela Rodríguez. Todos fueron omisos y no se atrevieron a enfrentar a los “gringos”, que hicieron y deshicieron en los muelles por años y años.
Se sabía que se aliaron con Naviera Ultramar en prácticas indebidas de comercio y un gran etcétera, algo que sucede de manera común en cualquier litoral, por ello no estaría nada mal que el almirante Ojeda apretara las tuercas, porque se encontrará sorpresas en cualquier región.
Mientras tanto, desde septiembre de 2022, Vulcan Materials Company, obtuvo la intervención de un Tribunal Internacional, así como la aceptación de un Panel Internacional para dirimir el conflicto, algo que podría ir más allá de 2024.
Por lo pronto, dicho tribunal resolvió que son procedentes las solicitudes de Vulcan Materials Company, que opera en México a través de su filial Sac-Tun (antes Calica, propietaria de la concesión de muelles y terminal por cierto), así como reclamos adicionales a consecuencia del cierre de operaciones ordenado por López Obrador.
Así que el asunto va para largo, pero no hay que olvidar que Washington puede doblar a México sino se hacen las cosas bien, los poderosos de Calica volverán.
Gabriel Rodríguez