En los últimos días, el fallido proyecto portuario de Punta Colonet ha resurgido tras la publicación de una declaración de expropiación por parte del gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila.
Desde ahora, se mencionan inversiones de entre 1,500 a 5,000 millones de dólares para el desarrollo del recinto portuario, con otros 20 mil millones de dólares destinados a la construcción de terminales y de una línea ferroviaria a doble vía, de hasta 300 kilómetros, conectando a San Diego, California.
La gobernadora ha manifestado su respeto por la propiedad privada, pero en este caso, dice, ahora sí, que la disculpen, porque procederá con la expropiación.
Esperan decreto
Y aunque el decreto correspondiente aún no ha sido publicado por el gobierno federal, la mandataria está empujando con mucha gestión la emisión del ordenamiento antes de que se vaya el de Macuspana. Si es que se va.
En su plan de gobierno, la candidata presidencial electa, Claudia Sheinbaum, se ha propuesto como prioridad aumentar en 100 millones de toneladas la capacidad de la infraestructura del Sistema Portuario Nacional, enfocándose principalmente en el litoral Pacífico.
Sin embargo, surge la interrogante sobre la posibilidad de enfrentar otro litigio y un conflicto ejidal, dado que Colonet cuenta con una concesión previa para la explotación de titanio, cuyos intereses, que están más vivos que nunca, son representados por el empresario Gabriel Chávez.
Terrenos precomprados
Pese a todo, desde 2006, varias empresas portuarias y de otros sectores industriales adquirieron más de 200 hectáreas en Colonet, incluidos muchos terrenos con frente de agua.
Entre ellas se encuentra Mitsubishi, según datos del registro público.
Técnicamente, el proyecto tiene viabilidad demostrada, empero, su costo de desarrollo está sujeto a variables geopolíticas.
El factor geopolítico
Esto se debe a su ubicación en una frontera estratégica con los EE.UU., que desde 2007 hizo patente las preocupaciones sobre la posibilidad de que miles de chinos ingresen en contenedores, y aún más, sobre la entrada de misiles o drogas.
El tema fue llevado en su momento a comisiones del Congreso de los EE.UU., por tanto, es posible que este nuevo intento no sea la excepción.
De avanzar, por su magnitud y ambición, el proyecto necesitará grandes inversiones de capital a ritmo creciente para su desarrollo, así como la seguridad jurídica suficiente.
Al día de hoy, este último aspecto es dudoso debido a la incertidumbre sobre la continuidad del sistema judicial y en cuanto a los mecanismos de defensa en México respecto a los derechos de la iniciativa privada a largo plazo, ya que la amortización de inversiones portuarias lleva décadas.
Por Gabriel Rodríguez/ Opinión