Las regulaciones tarifarias a los ferrocarriles anunciadas por el gobierno impactarán al libre mercado y a toda la cadena logística, mientras que no tendrían un efecto significativo para contener la inflación.
Al menos esta estas son las primeras observaciones del sector privado, sobre el anuncio aparecido el miércoles en el Diario Oficial de la Federación, donde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), instruyó a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a establecer una metodología, fijar contraprestaciones por servicios de interconexión y tarifas máximas en la prestación del servicio ferroviario de carga.
Según el documento, el gobierno quiere establecer las condiciones para el acceso asequible, a un costo que prevea el desarrollo del sector y garantice la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.
Pero esta directriz repercutirá no “solo ese modo de transporte, ya que se incluye a otros sectores de transporte y esto genera situaciones de desigualdad dentro de las cadenas de valor en la convivencia logística”, consideró Felipe de Javier Peña Dueñas, presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).
El documento señala que las tarifas máximas registradas se encuentran hasta 83% por encima de la inflación acumulada. Además de que, para algunos productos básicos, como el maíz, las tarifas son elevadas.
Aunque no presentó datos precisos, el gobierno argumentó en la Directriz, que “el precio del kilo de tortilla, es aproximadamente un peso más caro para la población, debido a los elevados costos y restricciones en el servicio público de transporte ferroviario de maíz”.
Sin embargo, el directivo de la organización empresarial enfatizó que es necesario encontrar mecanismos para garantizar un verdadero impacto en los bolsillos de los mexicanos tomando en cuenta a toda la cadena de valor, no solamente al sector ferroviario.
Además, sostuvo que el ordenamiento del gobierno va en contra de la convivencia natural del libre mercado y de oferta y demanda del mercado logístico en México.
“Es claro que en el sector se está recuperando luego de la crisis por pandemia, así como la afectación fuerte en costos elevados de importaciones de grandes volúmenes de granos y oleaginosas”, expresó.
Por ejemplo, se debe de evaluar a todos los servicios logísticos en su conjunto, almacenamiento, transbordo, trasvase, transportación por ferrocarril, marítimo y terrestre.
Pues si bien se han implementado medidas para incluso contener el precio de los combustibles, a través del subsidio federal, este únicamente beneficia al autotransporte, transporte de pasajeros y a los ciudadanos, en general, más no a sectores como el ferroviario.
Incluso, diversas ferroviarias manifestaron recientemente en sus reportes trimestrales que los aumentos en el precio de los combustibles podrían aumentar los costos de operación.
Y es que el alza de los combustibles, según Felipe de Javier, afecta a la cadena de suministros, el peaje y, por ende, redunda en el costo final de los productos, por ello se requiere de incentivos fiscales para los diversos medios de transporte.
En datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la inflación en la canasta de consumo, ha sido mayor para los hogares de menores ingresos desde agosto del 2021. Y desde entonces, no solo se ha observado un incremento en las tasas de inflación, sino también se ha ampliado la brecha entre el incremento en costos para hogares de bajos y altos ingresos.
Tan sólo en julio pasado, la inflación alcanzó su mayor nivel desde el 2000, con un incremento en los precios de 8.15% respecto al año previo, la tasa fue la más alta desde diciembre del 2000, cuando la inflación anual registrada fue de 8.96 por ciento.
Edna Herrera/Dinorah Becerril