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Los operadores logísticos especializados en cadena de frío y distribución de medicamentos, están viendo muy cuesta arriba la responsabilidad que fue encargada al Ejército por Andrés Manuel López Obrador, si no existe una organización adecuada por parte de las fuerzas armadas por más zonas militares que haya en el país.

Las responsabilidad fue encargada el último día de noviembre al general en retiro Jens Pedro Lohmann, quien deberá rearticular el sistema de distribución  de medicamentos a través de las empresas estatales Laboratorios de Biológicos y Reactivos (Birmex) y del Instituto de Salud y Bienestar (Insabi), que precisamente hicieron crisis en el sistema logístico.

López Obrador tiene la creencia de que la capacidad del ejército podrá nuevamente reorganizar el sistema de distribución luego que desde 2019, el gobierno vetara a las 10 principales empresas que compraban los medicamentos para el sector público y cuya clave era el desplazamiento, dado que las compras se realizaban con la compra del transporte incluida según datos de los distribuidores.

De acuerdo con la Secretaria de Salud, sólo en el primer semestre de 2021, México compró 1,038 claves y ha formalizado 995 contratos, lo que representa 693 medicamentos y 345 de material de curación. Las 1,038 claves de compra representaron unos 2,262 mdd o 45,422 mdp.

Este reto logístico ha venido poniendo a prueba la capacidad del gobierno de la 4T, debido a las deficiencias en la compra de medicinas e insumos médicos, tras haber desarticulado un sistema de distribución continua que fue creado desde hace 20 años, por la iniciativa privada.

Desde el año 2000 el esquema permitía compras consolidadas para el sector salud, a través de unas 60 empresas concentradoras que, además ofrecían servicios especializados de transporte, incluso en la modalidad justo a tiempo hasta los quirófanos o a las camas de hospitales.

Datos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS), indican que hasta 2018, operaban en el país más de 1,000 distribuidores, uno 100 de esos eran proveedores con capacidad nacional, almacenes, transporte especializado y certificaciones sanitarias.

A lo largo de dos décadas incluso las empresas desarrollaron capacidad de financiamiento ante los laboratorios y fabricantes farmacéuticos en una fórmula tipo factoraje que se ponían en marcha, en espera de los pagos del gobierno, lo que permitió el abasto continuo a las principales instituciones del sector salud.

El 20 de marzo de 2019 el gobierno de la 4T terminó con este sistema y vetó a los 10 principales grupos que concentraban el 60% de las compras y desde el 15 de agosto de 2020 encargó a Birmex la distribución en apoyo al Insabi que cargaba una crisis logística sin fin.

Desde 2020 a través de la secretaría de Hacienda se está buscando operadores logísticos y compradores especializados, el desafió es distribuir más de 27,000 unidades médicas y 150 millones de piezas medicas al mes, sin embargo apenas ha logrado conseguir la distribución de unos 30 millones de piezas.

El 10 de noviembre en una de sus mañaneras Obrador estalló y dijo frente a los titulares de Insabi y Salud, Juan Ferrer y Jorge Alcoser: “ya no quiero escuchar que faltaban medicamentos; no quiero excusas”.

Para el 31 de noviembre el propio mandatario daba la tarea al Ejército que deberá buscar la logística perdida desde hace mucho y, en dónde la palabra clave es integración.