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Edna Herrera

No hay levantamiento de la requisa del puerto de Veracruz que demandan de algunos sindicatos de estibadores a la Secretaría del Trabajo, sin embargo los secretarios de Gobernación y del Trabajo, deberán explicar el status de las demandas de los trabajadores.

Andrés Manuel López Obrador se deslindó de haber autorizado dar marcha atrás en la requisa del puerto y enfatizó; “no autorice nada”. No obstante llamó a los funcionarios a explicar lo que está ocurriendo en el puerto con las demandas sindicales, porque se deberán respetar los derechos de los trabajadores.

Durante la conferencia matutina, el mandatario se refirió a la información difundida por medios digitales sobre la demanda de restitución de bienes y cuentas bancarias a sindicatos, incautadas presuntamente, tras la requisa del Puerto de Veracruz en 1992.

Según esa versión algunos sindicatos han demandado a la Secretaría del Trabajo, que les sean restituidos lo bienes, pero la propia dependencia ha negado que exista marcha atrás en la requisa.

Por ello López Obrador dijo que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y el titular de la Gobernación, Adán Augusto López, informarán sobre el estatus del procedimiento ingresado al gobierno por los trabajadores.

Los sindicatos de estibadores de Veracruz consideran haber sido despojados en 1991 por la requisa del puerto en el sexenio del entonces Presidente, Carlos Salinas de Gortari.

La requisa fue decidida por el gobierno, debido a que la totalidad de las empresas públicas estaban en quiebra operativa y financiera, incluidos los puertos, debido al modelo estatista que prevaleció en el país desde 1938 hasta 1982.

La Secretaría del Trabajo, a través su cuenta de Twitter, difundió un oficio de respuesta, donde explicó: “el tema es complejo y requiere de la participación y coordinación entre varias dependencias federales”.

El documento firmado por Fernando H. Serrano Monroy, director de Relaciones Interinstitucionales de la STPS, precisó que la secretaría sólo intervendrá dentro de los límites y alcances en el caso.

Exfuncionarios así como empresarios que participaron en la requisa del puerto, consultados por Info-Transportes, describieron que tanto trabajadores como sindicatos fueron liquidados al 100% en 1992.

Fue en ese año de la requisa cuando se puso fin al monopolio de la estiba por parte de los sindicatos en los puertos, precisamente con el fin de que las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), iniciaran de cero y otorgaran las nuevas concesiones que permitirían el florecimiento de los recintos mediante nuevas bases.

El gobierno denominó a este proceso la “Reforma Estructural” de los puertos. Por ello se decidió que todo fuera liquidado y muestra de ello es que no existió ninguna resistencia sindical en 1992.