CIUDAD DE MÉXICO.- El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica con sede en la Ciudad de México, mantiene en estudio la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), DE-002-2014 que buscaba multar a las navieras Golfo Transportación, Naviera Ocean y Naviera Magna.
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La sanción por 45 millones de pesos (2.3 MDD) que el árbitro comercial trató de imponer a las navieras ha sido frenada por la solicitud de juicio de amparo 201/2016, con el objeto de revisar la procedencia de la multa.
La investigación a cargo de Carlos Mena Labarthe, Director de Competencia de Cofece, en el caso de las tres navieras que operan en Cozumel, Playa del Carmen y litorales de Quintana Roo, pudo haber sido omisa en la revisión de pruebas, presentada por tres navieras a las que intenta imponer la sanción económica.
Las empresas presentaron ante el Juzgado una serie de documentos probatorios de las omisiones de Cofece, con base en un estudio jurídico elaborado por el despacho internacional especializado en litigios comerciales, GreenberTaurig, en el que se identifican claramente las deficiencias de la investigación.
La indagatoria de la Cofece en contra de tres navieras de Quintana Roo, por presuntas prácticas monopólicas absolutas, ha sido puesta en evidencia porque beneficiaría directamente a la naviera Barcos Caribe, actualmente investigada por la Fiscalía General de República (FGR).
Esta compañía es investigada por la Procuraduría de Quintana Roo, por haber sido señalada como una empresa creada por el ex gobernador Roberto Borge, a través de prestanombres donde figuran como socios César Celso Hermosillo Melgarejo (abogado de la familia Borge), y Franco González Padrón, padre de Juan Carlos González Hernández, ex Secretario de Turismo de Roberto Borge, quienes no tendrían la solvencia para desarrollar el negocio marítimo.
La Procuraduría estatal de QRoo abrió el expediente FGE/QR/SOL/09/3943/2016 donde se solicita a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, que verifique en el SAT la procedencia del dinero utilizado en la compra de las embarcaciones.
