CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una intensa discusión, legisladores y expertos en materia marítima y portuaria concluyeron que aún no existe la jurisprudencia necesaria para disolver el poder civil de la SCT en los puertos marítimos, por tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá decidir si es constitucional la transferencia a la Secretaría de Marina Armada de México.

| Antonio Vargas H. |

Durante un parlamento virtual convocado por los diputados de la Comisión de Gobernación, que encabeza Rocío Barrera, la posición de la mayor parte de los expertos y abogados, contrastó con la del representante de la Secretaría de Marina, el almirante José Luis Arellano, quien aseguró que sí existe la jurisprudencia suficiente para operar la transmisión legal de las atribuciones de la SCT a la Semar.

La discusión de los diputados responde a la intención de reformar las leyes de Puertos, de Navegación y Comercio Marítimo, así como la Orgánica de la Administración Pública Federal, como parte de un plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pretendería purificar a los puertos marítimos, de presuntas actividades de corrupción arraigadas en este sector que fue abierto a la iniciativa privada hace 26 años.

De hecho, en la reunión el propio Arellano, quien es comandante del Cuartel General de Alto Mando de la Secretaría de Marina, dijo que en los 20 días, desde que tomaron control de las empresas estatales denominadas APIS, han encontrado serias irregularidades y advirtió que se dará aviso a las autoridades para investigar posibles hechos de corrupción.

“Como es de ustedes conocido, recientemente, hará unos veinte, treinta días atrás, las Administradoras Portuarias Integrales […] están administradas por almirantes en situación de retiro:

“¿Qué hemos encontrado en veinte días?, hemos encontrado trasiego de combustible de manera irregular, falta de transparencia en las concesiones y cesiones, hemos encontrado adjudicaciones directas que no se apegan a la ley, evasiones fiscales, falta de transparencia, entonces, ¿qué es lo que requerimos?, orden”, apuntó el militar.

El almirante también rechazó que la presencia de la Semar represente una militarización de los puertos comerciales, mientras el debate se centraba en una posible inconstitucionalidad para el ingreso de la institución militar en los puertos, debido al impedimento del Artículo 129 de la carta magna, que en tiempos de paz circunscribe a los militares a las actividades que guardan estricta conexión con la disciplina castrense.

Al respecto Gabino González Santos, Investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho y abogado por el ITAM, aseguró que no existe jurisprudencia como parte del proceso que analizó la Suprema Corte en 2016, cuando se transfirieron las Capitanías de Puerto de la SCT a la Semar y se creó la Autoridad Marítima Nacional (AMN).

Como resultado de los amparos 506/2018 y 440/2018, a cargo de la 2ª Sala de la SCJN, se determinó que la Semar tiene doble faceta jurídica: militar y administrativa, sin embargo, este resolutivo solo fue aplicable a la transferencia de las capitanías y a las facultades como AMN, sin que ello causara jurisprudencia en el total del espectro jurídico.

El especialista alertó además que de aprobarse las modificaciones para el ingreso de la marina a los puertos, puede esperarse que haya nuevos amparos debido a que la Corte deberá resolver sobre la base de un estudio constitucional.

A las voces que cuestionaron una mayor intervención militar en los puertos se sumó Marcos Pablo Moloeznik, investigador de la Universidad de Guadalajara, quien sostuvo que la iniciativa debilita a la SCT, y en el largo plazo debilitará el poder naval.

Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, apuntó que la militarización de los puertos no significa necesariamente que se traiga paz, ni elimina la corrupción y argumentó que entregar la administración y las actividades comerciales a la Semar debe esclarecerse en cuanto a su constitucionalidad.

Además advirtió que de entregarse los puertos al poder militar, la Semar se convertirá en un empresario comercial con intereses corporativos y comerciales y argumentó que tras el apetito de la institución, es evidente que busca el enorme negocio que existe en los puertos industriales.

Los diputados acusaron que fueron invitados apresuradamente y a última hora por la Comisión de Gobernación para discutir la iniciativa de la diputada del partido oficial Morena, Juana Guerra. El diputado del PRI Cruz Roa consideró que debe profundizarse el análisis e invitar a las cámaras y actores comerciales que participan en los puertos.

Se sumaron a la misma posición el Presidente de la Comisión de Transporte, Ricardo Exsome, Jorge Arturo Espada del PAN, Tania Cruz del oficialista Morena, quienes consideraron que hace falta una discusión más amplia y poner en claro la constitucionalidad de la trasferencia de la SCT a Semar.

Emilio Vizarretea Rosales, académico y politólogo, sostuvo que la iniciativa se trata de legitimar una decisión tomada ya por los altos mandos militares, de ahí un foro convocado atropelladamente.

Y advirtió: “se dan atribuciones omnímodas a la SEMAR, como la construcción de infraestructura, representación ante organismos internacionales y, en la presunción de restaurar el orden en las instalaciones portuarias, se proponen cambios retrógrados”.

En su oportunidad el excoordinador de Puertos y Marina Mercante en el sexenio de Ernesto Zedillo y ex diputado del PRI, Pedro Pablo Zepeda, defendió la posición de los militares y argumentó que el cambio administrativo de la SCT a Semar no implica una modificación al modelo de operación de los puertos.

Zepeda que actualmente es uno de los principales socios de una empresa de graneles en Veracruz, aseguró que la iniciativa busca dar seguridad a la prestación de los servicios portuarios y, argumentó que él mismo participó en la primera etapa de la transmisión de las atribuciones a la SEMAR, como Director de Marina Mercante en la administración del Coordinador Guillermo Ruiz de Teresa.

En tanto, el excoordinador de Puertos, César Patricio Reyes Roel, argumentó que los civiles no han hecho mal su papel al frente de los puertos puesto que existen resultados que los respaldan y aseguró que los argumentos militares de seguridad no son sostenibles para tomar el control.

Además reclamó que los militares podrían estar en el umbral de quitar las oportunidades a los civiles y a una gran cantidad de profesionales, en lo que coincidió con la investigadora del CIDE Catalina Pérez en el sentido de que podrían estar en juego los 70 mil empleos del sector marítimo y portuario gubernamental.

Al final de la exposición donde participaron marinos mercantes, diputados e investigadores, el Almirante Arellano, trató de ser más conciliador tras haber mostrado una posición beligerante y llamó a la unidad del sector y a evitar preocupaciones dado que todos tendrán cabida en el nuevo esquema.

El marino militar argumentó que no existe una política marítima nacional, mientras que el país ha seguido perdiendo la escasa flota de altura y, de hecho mencionó los cuatro barcos que vendió Grupo TMM en 2019.

Además fue muy enfático en que el objetivo de la Semar es absorber toda la industria de dragado de los puertos, una actividad en la que anualmente se invierten cientos de millones de dólares para mantener la profundidad de los puertos.

Tras las posiciones en favor y en contra, prevaleció sin embargo el hecho de que los militares estarían dando un salto al vacío constitucional si la Corte no falla a su favor, antes de que la Ley, que les daría el control de los puertos, sea sometida al Congreso para su aprobación.

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