CIUDAD DE MÉXICO.- El Fideicomiso de Formación y Capacitación para el personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), que encabeza Claudia Sánchez Porras, quedó fuera del decreto publicado el pasado jueves por el gobierno federal, que ordenó extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica.

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De esta forma, FIDENA refuerza su presencia como una institución nacional de amplio alcance por su trayectoria y competitividad en la formación y educación de la marina mercante nacional, a través del sistema de escuelas náuticas mercantes de Mazatlán, Veracruz,  Tampico y Campeche.

El Fideicomiso reafirma su vocación como semillero de generaciones de profesionales marítimos, ingenieros navales y oficiales mercantes altamente preparados en estudios superiores o de posgrado para responder a la exigente demanda de especialistas de la industria marítima y el comercio internacional.

La escuela náutica de Mazatlán es una de las más antiguas de México y de Latinoamérica. Cuenta con alrededor de 2 mil 900 egresados y cuando se decretó su fundación en 1880 por el entonces presidente Porfirio Díaz, se le denominó Escuela Náutica para la Marina del Comercio.

Decreto

De acuerdo con el Decreto emitido por Andrés Manuel López Obrador, no se verán afectados los fideicomisos usados para la estabilización de los ingresos presupuestarios federales, estatales y municipales, así como los enfocados en materia de salud, los que cumplen con obligaciones laborales o de pensiones.

El objetivo del gobierno federal es obtener cerca de 250 mil millones de pesos (10 mil 162.165 mdd) antes del 15 de abril, que controlaban los fideicomisos en diversas áreas.

Sin embargo, dejaron de existir: el Fondo de Desastres Naturales, que tenía 10 mil millones de pesos (406.265 mdd) hasta diciembre pasado; el extinto Seguro Popular y el Fondo Nacional de Infraestructura con 11 mil millones (447.142.5 mdd)

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el jueves por la noche estableció que a más tardar el próximo 15 de abril las dependencias responsables de los fondos concentrarán en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos que forman parte de dichos instrumentos.

El mandato, que entró en vigor el 3 de abril, ordenó que los ejecutores del gasto se abstuvieran de ejercer o comprometer recursos públicos federales de estos instrumentos.

También se contempla la desaparición de fideicomisos análogos federales en los que las dependencias funjan como unidades responsables o mandantes.