CIUDAD DE MÉXICO. – Tras la reunión de Andrés Manuel López Obrador que sostuvo con grupos empresariales, el acuerdo nacional de emergencia económica y social puesto sobre la mesa por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), adquiere aún más relevancia frente a la emergencia sanitaria y económica que vive el país.

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El organismo empresarial que preside Enoch Castellanos hizo énfasis en la necesidad de avanzar en un acuerdo entre las empresas, los tres niveles de gobierno, trabajadores y ciudadanos, con el fin de que se mantenga activa la planta productiva, asegure el abasto de mercancías e instituya estímulos a pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Los gobiernos del mundo han puesto en marcha acciones, muchas de ellas extremas, para frenar los efectos económicos y sanitarios causados por la propagación del COVID-19, y México no puede ser la excepción, pues tiene que actuar de inmediato con medidas integrales contracíclicas, dijo.

Entre los beneficios que debe otorgar el gobierno se debe incluir un subsidio del 100% de las contribuciones de seguridad social y vivienda durante el tiempo que permanezca la emergencia; que los contribuyentes puedan compensar impuestos durante el ejercicio del 2020, a fin de que resten montos a pagar.

Además, la eliminación durante 2020 de las declaraciones de pagos provisionales del Impuesto sobre la Renta y aplazar 90 días el límite para presentar las declaraciones anuales, así como la deducción del 100% de las erogaciones por sueldos y salarios para Pymes.

También, resolver todas las solicitudes de devolución de Impuesto al Valor Agregado, presentadas antes del 31 de marzo de 2020; deducción inmediata de inversiones en capital de trabajo; financiamiento y créditos directos de la Banca de Desarrollo a las Pymes con criterios de elegibilidad a tasas accesibles y sin garantía.

Adicionalmente, accionar estrategias para asegurar cadenas productivas a través de la sustitución de importaciones y aumento del contenido nacional, crédito de 90 días en el pago de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad; suspensión de inspecciones o auditorías; y pago de contado a compras o adquisiciones del gobierno, así como el pago inmediato de pasivos a proveedores a nivel federal, estatal y municipal.