Aunque se dice que la suerte está echada a favor de Semar que encabeza el almirante José Rafael Ojeda Durán, esta semana será definitiva en el Congreso que pondrá en claro hasta dónde llegarán las reformas para transferir a los militares, la Marina Mercante y parte de puertos.

| Gabriel Rodríguez/opinión |

Como ha sido la estrategia desde el sexenio pasado, al cuarto para que finalice el periodo de sesiones, se pretende que este lunes o martes, las iniciativas de reforma sean dictaminadas en Comisiones para enseguida llevarlas al pleno cameral.

Dicen los que saben, que quien ya tomó las riendas de la jugada política, es el diputado Mario Delgado, coordinador del oficialista Morena, para operar lo que se prevé sea un "mayoriteo" sin aspavientos de la oposición.

Desde otro frente, quienes se oponen a la transferencia de las actividades mercantes y portuarias a los marinos de guerra, esperan aun dar la batalla, porque al fin y al cabo hasta el último minuto tiene 60 segundos, no obstante que ya se habla de advertencias.

Y es que en círculos oficiales corre la versión de que el Secretario Jiménez Espriú, llamó a todos los dirigentes de las organizaciones de marinos mercantes, para decirles que no, que la decisión ya fue tomada por Andrés M. López Obrador y por tanto, ahora si que, en términos jurídicos, es inatacable.

Inicio de hostilidades

El primer cañonazo de esta guerra fue disparado el 3 de octubre pasado en la Gaceta Parlamentaria XXII, número 5379- II, en una iniciativa impulsada por Semar a través de Mario Delgado y algunos miembros de Morena.

El objetivo: modificar la ley de Navegación y Comercio Marítimos, de Puertos y de la Administración Pública con el fin de asignar a la Autoridad Marítima Nacional (AMN) atribuciones como el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, la educación náutica y permisos en obras, remolque, pilotaje y dragado.

No obstante, se asegura que ese es un bocado pequeño, porque la verdadera talega son las certificaciones portuarias de 220 terminales a razón de 800 mil pesos cada una, en costos básicos. Un caudal de liquidez año tras año.

Desde luego las organizaciones gremiales, sindicales y civiles de marinos mercantes, se han alzado en contra de las iniciativas y, han solicitado a López Obrador y al Congreso evitar que sea violentado el art. 129 constitucional.

Este apartado establece que: "En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".

Capitanes de altura

Entre los capitanes de altura que han alzado la voz se encuentran Faustino Suárez y Marcelino Tuero, quienes han cuestionado la capacidad de Semar, para entender la lógica comercial, la necesidad de la eficiencia y la elevación del costo marítimo-portuario del país si se aplica un sentido común de tipo militar en esas actividades.

Además se han argumentado presuntos casos de "acoso a buques", por parte de oficiales de la Armada, que han quedado fondeados por meses debido a acusaciones de cargas ilícitas, que finalmente resultan falsas. La pérdidas para las navieras se han elevado hasta por 20 o 25 mdd.

Pero ello no es privativo de las navieras, la escasez de las libretas de mar que luego son vendidas por fuera, la burocracia para revisar embarcaciones; es el caso de la Naviera Ultramar que administra Germán Orozco, que habría comprado todo tipo de certificados para mantenerse a flote, forman parte de una narrativa.

La militarización de la educación pública de oficiales de la Marina Mercante es otra fuente de controversias por las diferencias educativas y tecnologías entre marinos de guerra y marinos mercantes.

De las tres Escuelas Náuticas (Mazatlán, Tampico y Veracruz) a Cargo de la SCT, egresan marinos mercantes tras 4 años de educación continua, esperan 1 año el examen profesional; se exige navegar de 2 a 3 años para pertenecer a una categoría y, la suficiente experiencia (2 a 3 años más) para acceder a las insignias distinguidas.

Un marino de la Armada pasa la mayor parte del tiempo en tierra o en actividades costeras y ejercicios militares y forma parte de un contexto que no hace sentido a los mercantes.

Los marinos mercantes se preparan a nivel comercial con habilidades gerenciales que les permiten proyectar conocimientos en las cadenas mundiales de transporte de mercancías, se especializan en el sector marítimo y portuario a escala empresarial y en asuntos del ámbito jurídico.

La adhesión de la educación náutica al régimen militar sería similar a permitir que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se incorpore al Sistema Educativo Militar con el argumento de unificar las funciones en una sola entidad, asunto que habría de cuestionarse.

El comercio o las armas

Desde Puertos de la SCT, que dirige Héctor López, la estrategia ha sido incrementar la actividad marítima comercial. Se han firmado convenios con cámaras y asociaciones, recientemente con el Consejo de Puertos de Florida, a fin de abrir el cabotaje y el transporte marítimo a corta distancia en el Golfo de México.

La creación de cinco Sistemas Intermodales Portuarios Costeros (SIPCOS), forma parte de políticas públicas específicas en donde la marina mercante debe seguir siendo un componente directo de la SCT.

Los compromisos de inversión de la iniciativa privada ascienden a los 200 mil mdp, empero los proyectos de comercio marítimo portuario del sexenio podrían estar amenazados por ese tipo de iniciativas, que pretende trasladar atribuciones administrativas de SCT a la SEMAR, entre ellas, las de regular, promocionar y organizar la actividad comercial.

Es un hecho que todos los estratos del sector marítimo-portuario, tienen dudas acerca de Semar, sin embargo, lo que más les importa es que de esa posible transferencia no surja un cuello de botella que aleje la carga y cientos de divisas, lo que jugaría en favor de Panamá y otros puertos a nivel regional.

Mañana veremos la posición de los militares.