La lejana Requisa del Puerto de Veracruz en 1991, sigue teniendo sus seguidores y no precisamente en las redes: un sui géneris abogado y un dirigente sindical los encabezan, en busca de obtener pensiones e indemnizaciones que podrían dar algún fruto si la Secretaría de Gobernación que dirige Olga Sánchez Cordero, se los permite.
| Gabriel Rodríguez / Opinión |
La absurda e inverosímil idea de los sindicatos veracruzanos de que fueron despojados de un puerto, ha perseguido a este sector que no les debe nada, que no es el mismo de 1991 y que hoy representa a una industria eficiente y productiva. Aunque sí existe el riesgo de caos y comprometer la operatividad del recinto, si encuentran quien quiera escucharlos en el gobierno.
El abogado Alejandro Pulido Cueto, quien se presenta como “experto laborista”, es el apoderado legal de lo que queda del Sindicato de Maniobristas, Estibadores y Checadores que en alianza con Leonel Noya, dirigente del sindicato Primero de Mayo, están tratando de revivir supuestas irregularidades de la Requisa, ocurrida hace 29 años y que, por mucho es cosa juzgada.
Según una entrevista reciente con el periodista Ricardo Ravelo, “las empresas ICAVE, CICE, OPG y CTV deben pagar” por lo que, según los activistas, “les robaron en 1991”. Lo que no le dijeron es que la iniciativa privada pagó las liquidaciones de todos los estibadores a fin de empezar de cero, lo que fue totalmente acreditado en la Secretaría del Trabajo.
Entre otros despropósitos y cuentas alegres, los sindicalistas también reclaman como patrimonio, el edificio de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), cuentas bancarias y otros inmuebles que según ellos sumarían un total de 30 mil mdp, es decir, unos mil 485 millones de dólares a valor presente. No se vale reírse.
Más allá de la narrativa repleta de lugares comunes de los dirigentes, la realidad es que el movimiento tiene pocas posibilidades de éxito. Y es que a los sindicalistas se les olvida que al momento de que fueron creadas las APIs por la Ley de Puertos, Veracruz estaba en quiebra operativa y financiera, era uno de los puertos más ineficientes del mundo, con cero productividad, más aún, no había quien quisiera meter ni un peso o un dólar en esas condiciones.
Las historias de que los dirigentes sindicales contaban hasta con línea conectada a la red de teléfonos rojos de la Presidencia y, el recinto portuario se movía al antojo de los intereses políticos de los añejos dirigentes, han sido ya muy contadas, pero es bueno recordarlas si es que el gobierno de la 4T quiere un método para hundir al puerto, que fue rescatado del caos.
Al día de hoy, las inversiones se han multiplicado gracias a la certeza jurídica que ofrecen las APIs; las terminales del recinto también han superado exponencialmente las operaciones de los viejos muelles controlados por los estibadores en 1991, mientras que han crecido los operadores logísticos, los servicios a la carga, y el desarrollo de muchas empresas que representan las buenas relaciones con gobiernos de otros países.
Desde hace dos años el movimiento impulsado por el abogado Pulido y el sindicalista Noya, realizan un extraño reclamo de justicia que deberá tener muy en cuenta la Secretaría de Marina que encabeza el almirante Rafael Ojeda Durán, quien está a días de tomar el control de los puertos y podría estar por pasar un trago amargo como bienvenida.
Sin embargo, también se cree que los dirigentes sólo podrían estar buscando una buena pensión e indemnizaciones para un grupo de interés e irse a las conocidas hamacas jarochas, tan socorridas en el puerto para quienes el trabajo no es precisamente un gran aliado de vida.
