Edna Herrera
El amparo otorgado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en protección Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) si bien no ha detenido las operaciones de las terminales de Puerto de Veracruz, sí podría tener frenar otras obras subsecuentes del proyecto, que ganan más terreno al mar, como la 2ª Terminal Especializada de Contenedores (TEC2).
De acuerdo con la Primera Sala, se concedió el amparo de la justicia federal en contra del desarrollo del nuevo puerto en Bahía de Vergara, porque no se evaluó de forma correcta la viabilidad de toda la ampliación. Esto, debido a que a pesar de que las obras impugnadas estaban relacionadas con un mismo proyecto, fueron analizadas de manera fragmentada por la autoridad ambiental.
En este sentido, la Corte ordenó que se examine el proyecto relativo a la ampliación, considerando la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en la zona de influencia de dicho proyecto.
Ahora, “las autoridades responsables deberán pronunciarse en torno a los impactos ambientales (acumulativos, sinérgicos y residuales) y a la viabilidad de autorizar la continuación de las obras respectivas, tomando en cuenta el Área Natural Protegida con carácter de Parque Nacional “Sistema Arrecifal Veracruzano” y la regulación nacional y convencional aplicable”.
De acuerdo con el director Operativo de Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Xavier Martínez, un juez de distrito en Veracruz será encargado de vigilar que se cumpla el dictamen de la Corte para que la Semarnat analice el proyecto, sus impactos ambientales y empezar de cero en la materia.
“El proyecto de la nueva terminal en el puerto se frenó pues la evaluación de impacto ambiental se realizó de manera fragmentada en 16 estudios que la Corte los declara jurídicamente insubsistentes, pues la entidad ambiental debió presentar un estudio completo, determinar la viabilidad de la obra”, explicó.
Aunque las obras y la operatividad de las terminales siguen pues el proyecto concluirá en el 2024, existen más obras por realizar, las cuales estarán bajo la vigilancia de la Semarnat para que cumpla el mandato de la Corte.
En contraparte, a través de un comunicado dirigido a clientes, la Dirección del Puerto de Veracruz, a cargo del almirante Romel Eduardo Ldezma, informó que ni las operaciones ni las inversiones del recinto se detendrán.
Actualmente en el puerto sólo opera la TEC 1 y una terminal de combustibles, pero el resto de los terrenos se encuentran sin muelles y no han sido concesionados.
Con todo, como parte de la resolución, la Primera Sala de la SCJN obliga a las autoridades ambientales a gestionar acciones como elaborar un programa de trabajo para la mitigación y/o restauración del área; colaborar institucionalmente para el desarrollo y la implementación de dicho programa; solicitar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitir una opinión sobre el programa de trabajo en cuestión.
Así como solicitar al Comité Nacional de Humedales que requiera al Comité Internacional que es Convención Ramsar para designar a un grupo de peritos para evaluar el sitio y definir así el esquema para su protección a través de un programa de trabajo.
“Esto es importantísimo porque reafirma que cualquier persona puede luchar por los ecosistemas de los cuales depende”, dijo Martínez.
El amparo fue interpuesto por una comunidad de Veracruz, apoyada en seguimiento por CEMDA en diciembre del 2016 y, de acuerdo con Xavier Martínez, “coloca un nuevo escenario, pues en el banquillo de los acusados está sentado el gobierno federal, a través de la Semarnat, y también participa un tercer interesado, la Apiver, por tener a su favor todas autorizaciones para el complejo existente”.
