Más allá de la intención de controlar las tarifas ferroviarias, el gobierno deberá resolver antes un problema legal por la falta de facultades constitucionales de la SICT-ARTF para intervenir el sector sin antes invocar a la COFECE.

Así lo consideran especialistas quienes califican a la Directriz de Emergencia sobre el control de tarifas a los ferrocarriles, como una medida limitada, que podría provocar más problemas que soluciones y aún más inflación.

El tope a las tarifas genera un entorno adverso al sector e impactos a la cadena productiva, coincidieron los especialistas consultados, y advirtieron que el resultado de la medida gubernamental apunta a ser limitado, y a provocar más problemas que soluciones a la situación inflacionaria.

Incluso, añadió Gerardo Herrera Villanueva, académico de negocios de la Universidad Iberoamericana, las concesionarias de los ferrocarriles están en su derecho de ampararse ante esta medida del gobierno federal.

El especialista consideró lo anterior al referirse al alegato que COFECE hizo ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), donde cuestionó la falta de competencia constitucional de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), para regular tarifas y declarar monopolios.

En este sentido coincidió en que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) carece de facultades legales para fijar los topes a las tarifas ferroviarias, dado que es competencia de la COFECE.

“Es notable que no contó con una asesoría legal adecuada,  para aplicar ese techo a las tarifas”, sostuvo.

“La presentaron sin contar con lineamientos legales y sin el adecuado análisis o solo fue una estrategia política, y sin efecto legal”, expresó.

Esto podría generar efectos contrarios, dado que desincentivaría la movilización de carga por este medio de transporte.

“Con precios tan altos es factible el generar problemas de cuellos de botella, ya que se carece de incentivos para que los concesionarios ofrezcan sus servicios”, agregó.

De manera que al regular las tarifas, a fin de disminuir el impacto en la economía familiar, “es una medida ineficiente, de poco impacto, y podría ser contraproducente para la economía”.

Desincentiva inversiones

Para Adolfo González Olhovich, presidente de TMSourcing y presidente del consejo de Ameriko Railways, COFECE debe hacer un pronunciamiento más efectivo o bien transparente, sobre los elementos clave para contar con las tarifas adecuadas tomando en cuenta costos de operación e inversiones.

“Lo cierto es que, si no es atractivo para los inversionistas tener trenes, existe la posibilidad de que disminuya carga en ciertas rutas, y o bien se afecten proyectos de crecimiento del sector”, expuso el directivo.

No obstante, para plantear una mejor fórmula es necesario establecer una mesa de trabajo en la que deberían de participar la SICT y los concesionarios del sector ferrocarriles, para así crear un modelo de tarifas  más cómodo y accesible para el buen funcionamiento de la industria.

“El tema de poner un tope de tarifas, al final, puede funcionar momentáneamente, pero el mercado de la ley de oferta y demanda siempre nos va a marcar la pauta”, aseveró.

Edna Herrera