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Las acciones de TV Azteca mostraron fuerte recuperación la semana pasado ante la expectativa que llegará a un acuerdo con sus acreedores

 

Desde la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) al mando de Miguel Elizalde Lizárraga aplauden que el Programa de Financiamiento al Transporte Sostenible que empuja Nacional Financiera (Nafin) sume a la meta por renovar la flota del país.

 

Lo comento porque ese brazo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Rogelio Ramírez de la O se encarga de destinar recursos a los interesados en cambiar camionetas, autobuses y camiones ligeros de hasta 5 toneladas de peso bruto vehicular, por tecnología Euro V, VI, equivalentes, híbridos y eléctricos.

 

Así, en el caso del transporte de carga deberán tener entre 15 y 25 años de antigüedad; mientras que los vehículos dedicados a mover pasajeros deberán cumplir por lo menos unos 10 años en funciones.

 

Pero la iniciativa no para ahí, ya que además del flujo monetario, en paralelo también se activa un Bono de Chatarrización con el cual los beneficiarios consiguen entre el 10 y 20 por ciento del valor final de la unidad.

 

Para lograrlo, Nafin que lleva Luis Antonio Ramírez Pineda aporta el 75 por ciento, y el estado de donde provenga el interesado o donde se asiente la micro o pequeña empresa el otro 25%.

 

La idea de Nafin es que se dejen de emitir cada año unas 75 mil toneladas de dióxido de carbono; sin dejar de lado que se mejorará la seguridad vial y condiciones de transporte, al estimular la renovación de aproximadamente 1 mil 250 vehículos.

 

Ante ello, desde la ANPACT han reiterado su respaldo a ese tipo de proyectos, pues ponen al centro la transición hacia una movilidad más eficiente, segura y amigable con el medio ambiente en línea con los compromisos internacionales para aminorar los gases de efecto invernadero.

 

La ruta del dinero

 

En Quintana Roo, que encabeza Mara Lezama, parece que la instrucción es acabar con las plataformas de movilidad y dejar el camino abierto para que los taxistas locales sigan operando de manera impune. Además de la violencia y amenazas que ya viven los conductores de Uber  por  parte de ese gremio, ahora Rodrigo Alcázar, director general del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo quiere imponer un impuesto de 6 por ciento por cada viaje realizado, lo que está fuera de toda proporción. El impuesto de marras en el peor de todos los escenarios dejará a los turistas a merced de los abusos de los taxistas locales, y a la entidad como una vergüenza internacional, amén que envía la señal que las empresas seguirán sin certeza jurídica, ahora  con impuestos desproporcionados... En las últimas dos sesiones en el mercado bursátil mexicano las acciones de TV Azteca mostraron un avance de 36 por ciento ante la expectativa que la televisora de Ricardo Benjamín Salinas Pliego alcance pronto un acuerdo con sus acreedores.

 

Rogelio Varela

 

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