Pareciera que muchos legisladores andan perdidos, como es el caso del senador del partido oficial Ricardo Velázquez Mesa, quien está promoviendo el regreso de los puertos de Baja California a la Federación, o sea que se sumen a las instalaciones administradas por la Semar del almirante Rafael Ojeda Durán.

Pero no es que ande perdido, pues ya existe una iniciativa de reforma a la Ley de Puertos, preparada por el diputado Bruno Blancas Mercado de Morena (para variar), que propone retornar el control de los recintos estatales para la Federación y está basando su proyecto en un largo alegato de corte estatistas y de defensa a los sindicatos.

A pesar de que el modelo administrativo de las APIs que fue el más exitoso esquema de concesionamiento portuario en Latinoamérica y aún se encuentra entre los mejores del mundo, al diputado le parece que no, mientras soslaya que los puertos estaban en quiebra operativa y financiera en 1992. Y fue precisamente por las mafias sindicales.

Bueno, la ineficiencia era tal que el principal puerto de México era el de Houston, que manejaba casi el 60% de la carga con destino al país, pero esa es otra historia.

El diputado (elegido en un  distrito de Puerto Vallarta), habla de poner freno a las concesiones portuarias y asegura que los beneficios del concesionamiento no existen, aun cuando hoy los puertos convertidos en “Asiponas” (dicen que faltó mercadotecnia al nombrecito), representan unidades económicas altamente eficientes y con una fuerte rentabilidad.

Ello, producto de 30 años de un manejo adecuado, incluso con sus defectos y debilidades.

El hecho es que, el legislador no conforme con esto, también propone desaparecer los derechos basados en los compromisos del gobierno asumidos a partir de las concesiones, permisos y contratos otorgados a los operadores portuarios… bueno, y hasta las Normas Oficiales Mexicanas con todo y Reglas de Operación de los recintos, según la parte que se eliminaría al artículo 11 de la Ley de Puertos.

Y parece que agarró parejo, porque las concesiones que otorga el Gobierno Federal a las empresas paraestatales “Asiponas”, en esas condiciones, también resultarían prácticamente eliminadas. Se trata de una iniciativa que reforma y deroga al menos 45 artículos a la Ley de Puertos.

Si este proyecto es real y tiene la bendición del de Macuspana, los principales puertos estatales que regresarían a la Federación son Campeche, Baja California, Tabasco, Huatulco y, desde luego, la joya de la corona: Cozumel, que representa ingresos muy significativos para el gobierno de Quintana Roo, debido a las operaciones de cruceros, cabotaje y ferrys.

Lo que llama la atención es que no aparezca por ningún lado en ese proyecto, el vicealmirante Jaime Martínez López, presidente de la Comisión de Marina, quien es el fiel de la balanza en qué si va y qué no a nivel legislativo, dada la línea directa con la Semar.